SURPIMIR AFORADOS

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Zumaque
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SURPIMIR AFORADOS

Mensaje por Zumaque » Lun Sep 17, 2018 2:36 pm

Pedro Sánchez propone eliminar los aforamientos con una reforma exprés de la Constitución

Anuncia su intención de acabar con esta figura en un plazo de sesenta días desde el comienzo de su tramitación - La medida afectaría a Pablo Casado si el Supremo no se pronuncia antes de que sea aprobada

Sánchez necesitará el apoyo del PP para la reforma constitucional

EP - Lunes, 17 de Septiembre de 2018 - Actualizado a las 12:20h


MADRID. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado hoy que va a proponer al Parlamento una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y ha apelado a la "altura de miras" del resto de las fuerzas políticas para que esta reforma entre en vigor lo antes posible, en 60 días después de haberse iniciado la tramitación ante las Cámaras legislativas.

El jefe del Ejecutivo ha realizado este anuncia durante un acto en la Casa de América titulado "Avanzamos", convocado para hacer un balance de los primeros cien días de Gobierno y para adelantar los proyectos que tiene para el futuro.

La supresión de los aforamientos en la Constitución afectaría a diputados y senadores, según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo. No estarían incluidos en esta medida ni jueces, ni fiscales, ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni tampoco los miembros de la Familia Real que son aforados como el Rey emérito.

Precisamente, la semana pasada, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, explicó en el Pleno del Congreso, durante una interpelación de Ciudadanos sobre los aforamientos, que el Gobierno estaba estudiando reducir el "excesivo" número de aforados.

No obstante, Delgado defendió mantener esta figura para diputados y senadores con el fin de proteger su "inmunidad" frente al Poder Ejecutivo. Esto significaría que los aforados sólo tendrían este privilegio en los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo.

Hoy, el jefe del Ejecutivo, durante su discurso ante parte de su gabinete y en un foro con representación empresarial, ha argumentado que España está ante "un cambio de época que exige atender los deseos de una sociedad que demanda ejemplaridad".

"Una sociedad civil --ha dicho-- que no entiende la existencia de determinados preceptos que pudieron tener sentido en un momento determinado de nuestra historia, en el pasado, hace décadas, pero que hoy han perdido toda razón de ser".

Al entender que este "cambio de época debe continuar avanzando", Pedro Sánchez ha anunciado que "el Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos".

LA MEDIDA SE ABORDARÁ EL VIERNES EN CONSEJO DE MINISTROS En ese momento, ha apelado a la "altura de miras" de todos los partidos para que esta reforma de la Cosntitución entre en vigor "en tan sólo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados".

El jefe del Ejecutivo ha adelantado que esta medida será propuesta por el Consejo de Ministros que la estudiará en la reunión del próximo viernes, según las fuentes consultadas, con el fin de recabar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Según Sánchez, el ánimo del Gobierno es de "determinación y avance" en este asunto, por lo que ha pedido "contar" con el conjunto de la Cámara, para así ofrecer "una señal relevante, inequívoca, generosa, de solidaridad y empatía" con la sociedad.

En este sentido, ha asegurado que la medida tiene por objeto "que los ciudadanos vuelvan a creer en la política", una cuestión que considera que debe ser el "reto común" de todos y cada uno de los partidos.

SÁNCHEZ NECESITA AL PP La reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos necesitará el apoyo del PP para salir adelante, según la propia Carta Magna, que fija mayorías de tres quintos en ambas cámaras para su aprobación y da un papel clave al Senado, donde los populares tienen mayoría absoluta.

Según el artículo 167.1 de la Constitución, los proyectos de reforma constitucional deben aprobarse en una primera votación por una mayoría de tres quintos de ambas Cámaras, es decir, 210 de los 350 diputados del Congreso y 160 de los 266 de los senadores.

Para lograr esa mayoría en el Congreso, Sánchez necesita el apoyo no sólo de los grupos que respaldaron la moción de censura, que obtuvo 180 votos a favor -PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, EH-Bildu y Nueva Canarias-, 169 en contra -PP, Ciudadanos, UPN y Foro- y la abstención de Coalición Canaria.

No obstante, llegaría a los 210 sumando los 30 diputados de Ciudadanos, que son favorables a esta reforma.

En ese caso, pasaría al Senado, y allí podría encontrarse el freno del PP, que tiene mayoría absoluta y puede impedir su aprobación.

La Constitución prevé que, si no hay acuerdo entre ambas Cámaras, "se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado", aunque el actual clima político no parece propiciar el acuerdo con el PP.

Si aun así no se logra su aprobación, el artículo 167.2 de la Constitución establece que pueda aprobarse por una mayoría de dos tercios del Congreso, pero siempre y cuando el texto haya obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado.

En cualquier caso, aprobada la reforma deberá ser sometida a referéndum si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Esto daría a Podemos la capacidad de forzar un referéndum para ratificar esa reforma, ya que tiene 67 diputados, más de 35, que es el número mínimo para poder plantear esa exigencia.

Algo que no sería descartable, ya que en varias ocasiones Podemos ha insistido en que una reforma constitucional debería pasar siempre por un referéndum en el que decidan todos los ciudadanos y no limitarse a un pacto entre partidos, como ocurrió con el artículo 135 de la Carta Magna modificado tras el acuerdo entre PP y PSOE.

La reforma planteada por Sánchez no requiere de la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones, como sería una reforma agravada de las que afectan a asuntos como los derechos y deberes fundamentales, la soberanía nacional o la Corona, entre otros.

En la Constitución sólo están reseñados los aforamientos políticos, esto es, del presidente del Gobierno, los miembros del Ejecutivo, los diputados y senadores.

En principio, la reforma que propone el Gobierno no afectaría, por tanto, a jueces y fiscales, miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Cuentas, que son aforados según lo establecido en otras leyes de menor rango y que seguirán manteniendo esta condición.

En el caso de la casa real, en junio de 2014 el Congreso aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para extender el aforamiento a Juan Carlos I, la reina Letizia, la reina Sofía y la princesa de Asturias, una vez que el rey emérito abdicó y perdió así la inviolabilidad. Inviolabilidad que mantiene, según la Constitución, el rey Felipe VI.


PROPUESTA DE CIUDADANOS Precisamente este martes, está previsto que el grupo de Ciudadanos someta a votación en el Pleno del Congreso una moción para urgir al Gobierno a acometer una reforma de la Constitución en tres meses para poner fin a los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Ejecutivo.

Esta iniciativa es consecuencia de la interpelación sobre medidas anticorrupción que el partido naranja dirigió el pasado miércoles en la sesión plenaria a la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Con este texto, Ciudadanos busca que todos los grupos se retraten sobre la conveniencia de poner fin a los aforamientos políticos y consta de dos puntos.

El primero persigue que el Gobierno se comprometa a proceder "en el plazo máximo de tres meses a la reforma de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, con el objeto de promover la supresión de los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno".

El segundo punto persigue el mismo objetivo pero para despojar del fuero a los parlamentarios y miembros de Gobiernos autonómicos. Para ello, Ciudadanos aspira a que el Congreso emplace a los Parlamentos regionales en los que todavía no se ha acordado esta medida a cambiar sus Estatutos de Autonomía para dar ese paso.

Precisamente el Pleno del Congreso aprobó la semana pasada, para su remisión al Senado, el nuevo Estatuto de Canarias, que contempla desaforar a los diputados de las islas. Además, están en tramitación las reformas estatutarias de Murcia y Cantabria, que recogen la misma medida.

Si necesita el apoyo del pp, lo tiene dificil, porque es precisamente Casadoe el que se escuda en ser aforados, para no tener que rendir cuentas sobre su Master. En otros paises hay muy pocos y aquí un montón.

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